Falso: Rumores sobre la protección del río Santa Catarina como Área Natural Protegida

El Gobierno de Nuevo León, junto con ciertos medios de comunicación, informaron que el río Santa Catarina fue declarado Área Natural Protegida (ANP).

No obstante, el documento publicado en el Periódico Oficial corresponde a un acuerdo estatal encaminado a que el río Santa Catarina reciba formalmente la designación como ANP. Para lograrlo, es necesario un estudio técnico respaldado y la aprobación de CONAGUA.

Es importante mencionar que este acuerdo no supone la suspensión o anulación de construcciones que podrían afectar el área del río, tal como el viaducto elevado planeado sobre la avenida Morones Prieto y el curso del Santa Catarina.

El decreto muestra discrepancias con el marco normativo actual y con las intervenciones que se están llevando a cabo en la zona en estos momentos.

El domingo 8 de junio, el gobierno de Nuevo León anunció que el río Santa Catarina fue declarado Área Natural Protegida.

Al lado de Mariana Rodríguez, líder de Amar a Nuevo León; Alfonso Martínez Muñoz, encargado de Medio Ambiente; y Javier Navarro, cabeza del Gobierno; el gobernador Samuel García manifestó que «se debe revisar la historia de Nuevo León y no seguir modelos que afecten este curso, ya que es un área de 700 hectáreas con vitalidad y un pulmón verde de la urbe que debe mantenerse, conservarse, rehabilitarse y resguardarse».

El mandatario también compartió un comunicado en sus perfiles sociales indicando: «desde hoy, EL RÍO NO SE ALTERA. No se permitirán edificaciones ni comercios, y, por supuesto, NADA DE RESIDUOS. A partir de ahora, el río estará supervisado todos los días del año, para protegerlo de cualquier daño. Y si alguien es visto contaminando, RECIBIRÁ UNA SANCIÓN».

Pero en contraste con la postura del gobierno y lo difundido por diversos medios y redes, la organización Un Río en el Río aclaró que el acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado no equivale a una declaratoria oficial del río Santa Catarina como Área Natural Protegida (ANP).

Es completamente incorrecto afirmar que el río Santa Catarina fue oficialmente designado como área protegida ayer, ya que el documento publicado en el diario oficial no es una declaración oficial, sino un acuerdo, un compromiso», explicó Andrea Villarreal, activista del grupo Un Río en el Río, en una conferencia de prensa el 9 de junio.

Desde la perspectiva de Un Río en el Río, aunque resulta positivo que la conservación del río Santa Catarina esté presente en la agenda gubernamental, es crucial que se tomen medidas legales coherentes con el resto de planes de movilidad en la entidad.

El documento del Gobierno de Nuevo León, presentado en el Periódico Oficial, indica que «el status federal del lecho del Río Santa Catarina, identificado como propiedad de la nación conforme a la Ley de Aguas Nacionales, requiere la implementación de mecanismos de cooperación entre distintos niveles de gobierno junto con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para alinear los objetivos de preservación del medio ambiente con el marco jurídico actual».

Asimismo, el decreto establece que «se instruye a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Nuevo León a que, en el marco de sus atribuciones, inicie de inmediato la coordinación con la Federación para que el Río Santa Catarina sea reconocido como Santuario Biológico y Área Natural Protegida».

Por consiguiente, cualquier intento de declaración para el río necesita la aprobación de CONAGUA. La información publicada en el Periódico Oficial refleja un acuerdo a nivel estatal con el objetivo de que la sección del río Santa Catarina que pasa por los municipios de Santa Catarina, San Pedro Garza García, Monterrey, Guadalupe y Juárez se designe como Área Natural Protegida en forma de un santuario.

Según lo dispone el Artículo 44 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), se consideran Áreas Naturales Protegidas aquellas zonas del territorio nacional —o bajo soberanía de la Nación— con escasa alteración humana o cuyos ecosistemas requieren conservación y restauración.

Los santuarios, según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se refieren a lugares distinguidos por su significativa biodiversidad o por acoger especies con una distribución reducida.

Para ajustar esta categoría o declararla bajo una nueva forma de protección, la normativa indica que primero se debe llevar a cabo un análisis técnico justificativo», aclaró Andrea Villarreal.

Este estudio se ocupa de analizar las condiciones ecológicas, sociales y culturales del lugar, y a partir de un enfoque científico, determina la figura de protección idónea.

Un antecedente se dio en 2008, cuando se declaró Área Natural Protegida un Parque Urbano o Parque Lineal, cuyo plan de manejo fue publicado en el Periódico Oficial en 2009.

No obstante, ese proyecto no fue aprobado por CONAGUA, porque incluía instalaciones comerciales y privadas, lo cual iba en contra de su función principal: garantizar que el río transporte el agua de forma segura durante la temporada de lluvias.

Ante ello, Un Río en el Río sugiere establecer al río Santa Catarina como Corredor Biológico Ripario, una figura compatible con los lineamientos de CONAGUA, ya que permite protegerlo como ecosistema natural en lugar de urbanizarlo.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define de manera explícita:

Artículo 47.- Para la creación, gestión y administración de las diferentes áreas naturales protegidas mencionadas en el artículo precedente, la Secretaría fomentará la intervención de sus residentes, dueños o tenedores, autoridades locales, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como otras organizaciones sociales, tanto públicas como privadas, con el fin de promover el desarrollo completo de la comunidad y garantizar la conservación y salvaguarda de los ecosistemas y su diversidad biológica.

ARTÍCULO 56.- Las autoridades de las entidades federativas podrán promover, ante el Gobierno Federal, el reconocimiento de las áreas naturales protegidas que conforme a su legislación establezcan, con el propósito de compatibilizar los regímenes de protección correspondientes.

ARTÍCULO 57.- Las zonas naturales resguardadas indicadas en las fracciones I a VIII del artículo 46 de esta Ley, serán creadas mediante una declaración emitida por el Titular del Ejecutivo Federal de acuerdo con esta y otras leyes pertinentes.

ARTÍCULO 58.- Previamente a la expedición de las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas a que se refiere el artículo anterior, se deberán realizar los estudios que lo justifiquen, en los términos del presente capítulo, los cuales deberán ser puestos a disposición del público.

Entre las disposiciones del acuerdo se instruye que todas las dependencias y organismos del gobierno estatal actúen de forma conjunta y eficiente en la defensa, recuperación y mantenimiento del cauce del río Santa Catarina.

Este tiene como objetivo detener cualquier acción administrativa o acuerdo que cambie el curso, modifique su flujo de agua o represente una amenaza o daño al entorno ecológico, función hidráulica o elementos ambientales del río Santa Catarina.

A pesar de ello, los antecedentes de conflictos ambientales en la gestión de Samuel García cuestionan la credibilidad del compromiso con la defensa del río Santa Catarina.

El grupo Un Río en el Río se cuestiona: ¿De qué manera el gobierno puede designar al río como santuario al mismo tiempo que promueve la edificación de un puente elevado?

Desde Monterrey Antropológico, se indica que «la declaración de ANP necesaria en el hábitat del Río Santa Catarina corresponde al de Corredor Biológico Ripario, un acuerdo que este gobierno firmó en 2023 y aún no ha realizado».

La abogada Carla Escoffié compartió en entrevista con Verificado que existen múltiples desajustes entre lo estipulado legalmente y lo que actualmente sucede en torno al río Santa Catarina.

«Tanto CONAGUA, como SEMARNAT, como el estado de Nuevo León tienen que aclarar esto, porque el río Santa Catarina si es un santuario, solo puede ser utilizado para actividades de investigación y educativas conforme a la ley de Nuevo León. El problema es que si siguen haciendo construcciones, pues entonces ¿cuál es el sentido y efecto de este nombramiento?», cuestiona Escoffié.

La audiencia ciudadana respecto al segundo nivel de cuota de seis carriles planificado sobre Morones Prieto y el río Santa Catarina ha finalizado, y ahora se espera la resolución de SEMARNAT sobre su aceptación o negación.

Este proyecto ha sido calificado como un segundo piso envuelto en acusaciones de «ecocidio», falta de transparencia y contradicciones en la Manifestación de Impacto Ambiental.

Desde su planteamiento en 2023, se ha sostenido con argumentos engañosos, como la idea de que no afectará al río Santa Catarina, carece de especies relevantes, y reducirá emisiones y tiempos de traslado.

Aunque el acuerdo del 8 de junio rechaza formalmente iniciativas que puedan dañar el cauce, no representa una cancelación explícita del viaducto.

El grupo Un Río en el Río afirma que «es crucial valorar el entorno natural del río, pero esto no basta. Se requieren acciones consistentes».

A pesar de todo el evento del gobernador intentando designar este lugar como Área Natural Protegida, algo que queremos subrayar es que desde 2023 no se ha dado el primer paso para realizar el estudio técnico justificativo, que es esencial para cualquier clase de ANP. Por lo tanto, tanto en lo jurídico como en lo financiero, nos preguntamos cómo planea proceder este asunto, declaró la activista Andrea Villarreal.

La jurista Carla Escoffié está de acuerdo en que «todos los procedimientos administrativos que se autorizaron y que han continuado hasta ahora para la edificación del viaducto no han sido, digamos anulados, permanecen en efecto, no ha habido ningún otro acto que los revoque, interrumpa o altere lo que ya se había progresado para la edificación del viaducto».

También resulta relevante destacar que ya se están realizando obras sobre el cauce del río, como las estructuras para la nueva línea del metro, consideradas prioritarias de cara al Mundial de Fútbol 2026.

El decreto del gobernador Samuel García también menciona una vigilancia continúa del río Santa Catarina durante todo el día.

«No han aclarado a qué se refieren con esa vigilancia, no hay tampoco certeza jurídica de qué tipo de vigilancia van a hacer 24 horas. Pero hay un riesgo que se busque una especie de política ambiental policiaca que genere que además de que se restrinjan las actividades educativas de recreación y sociales que se realicen en el río Santa Catarina -como las que realiza la organización Un río en el río- también pueda implicar un proceso de criminalización en contra de personas habitantes de la calle», señaló Escoffié.

«Si bien no hay detalles al respecto y habría que esperar a ver a qué se refiere el gobierno estatal y en qué términos va a ser esa supuesta vigilancia de 24 horas, esa generalidad y la poca claridad es justificación para levantar las alarmas o levantar al menos los cuestionamientos acerca de cuáles son los alcances lógicos, objetivos y dinámicas que tendría esa vigilancia», añadió.

Tras el anuncio de resguardar el río, el gobernador Samuel García cambió su mensaje y ahora niega que su gobierno haya impulsado la construcción del viaducto elevado sobre Morones Prieto.

El gobernador recientemente manifestó su disposición a detener el proyecto, aunque su argumento se basa en las complicaciones viales que ocasionaría durante la celebración del Mundial de Fútbol 2026 y no en la conservación ambiental del río.

«En caso de que se haya anulado el proyecto del viaducto elevado, es esencial que la Red Estatal de Autopistas notifique formalmente el retiro ante SEMARNAT. De este modo, se previene la asignación innecesaria de tiempo y recursos públicos a la evaluación de una Manifestación de Impacto Ambiental que ya no se ajusta al estado actual del proyecto», contestó Un Río en el Río.