La residencia de Ana García en Villa Palmeras, la propiedad de Juan Orlando Hernández administrada por la OABI

Han aparecido algunas exposiciones en medios que expresan acusaciones explícitas en relación con la polémica que enfrenta Ana García y el inmueble que habita, en las que se exponen alegaciones sobre un presunto acuerdo entre la ex primera dama y una entidad bancaria para que ella pueda seguir residiendo en su mansión, ubicada en Villa Palmeras.

Según algunos artículos, García habría llegado a un convenio con el banco para evitar la expropiación de la propiedad tras la extradición de su esposo a los Estados Unidos por cargos de narcotráfico. En teoría, el acuerdo habría consistido en la transferencia de tres inmuebles a nombre de instituciones financieras en concepto de dación de pago. Este pacto le habría permitido a García continuar habitando la mansión, a través de una renta del inmueble, mientras saldare su deuda.

Las operaciones mediáticas vs. el Estado de derecho

Según estas exposiciones, las “confirmaciones” de este pacto que alegan solo han sido sostenidas por enunciados mediáticos, por interlocutores de quienes no dan identidad (de hecho, solo pronuncian el “deseo” de omitir sus nombres), y se suma a la larga lista de acusaciones sin pruebas que las sostengan, en un sistema de comunicación en el que el derecho pareciera operar al revés de lo institucionalmente establecido: en lugar de “todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, en la nueva normalidad comunicacional del odio “todos son culpables hasta que se demuestre su inocencia”. Esto, además de ser inconstitucional y vulnerar el Estado de derecho, es filosóficamente una falacia.

En este contexto, es importante tomar en valor la institucionalidad y el derecho, y aferrarse a los entes democráticos que existen para garantizar la justicia y las regulaciones necesarias en cualquier Estado. El pueblo hondureño cuenta con este respaldo a través de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), el organismo gubernamental encargado de la custodia, administración y venta de activos incautados, confiscados o abandonados que le sean entregados por la autoridad competente. En el ejercicio de sus funciones, la OABI contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho, Estado que no se puede perder en la vorágine de los discursos de odio.

La OABI toma control de las propiedades de JOH: ¿qué pasará con la residencia de su esposa?

Así, en ejercicio cabal de sus funciones, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) ha asumido el control y administración de las diversas propiedades del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández (JOH), incluyendo su residencia en Tegucigalpa, la cual actualmente está ocupada por su esposa, Ana García, e hijas.

Los interrogantes surgidos sobre la situación de la residencia en Tegucigalpa, en la que según algunos medios habían “informado”, sin evidencias, que Ana García había llegado a un acuerdo con una institución bancaria para ocupar la vivienda, no son más que otro punto difuso en los esquemas acusativos de los medios desinformadores, pues el acuerdo se estableció en realidad con la OABI.

Cronología de los eventos

• Tras la captura de JOH en abril de 2022, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó al Ministerio Público el aseguramiento inmediato de sus bienes.
• Sin embargo, un recurso de apelación contra la extradición de JOH, aprobado por un juez en marzo de 2022, puso en pausa la incautación.
• El 28 de marzo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó la extradición y la incautación de bienes se concretó a inicios de abril.
• El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, detalló que se incautaron 33 inmuebles, 8 empresas, 16 vehículos y productos financieros.

CNBS desmiente transacción sospechosa entre Ana García y la banca

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ha descartado la existencia de cualquier transacción sospechosa entre un banco y la ex primera dama Ana García. Según el organismo regulador, no se ha recibido ningún reporte de una transacción que se conjeture ilícita relacionada con la dación de bienes por parte de la ex primera dama.

La CNBS ha desmentido los rumores que circulaban sobre posibles operaciones irregulares entre García y alguna entidad bancaria. A través de un comunicado, el ente regulador aseguró que no existe ninguna evidencia que respalde dichas acusaciones. La CNBS afirmó categóricamente que no hay pruebas ni indicios que apunten a confirmar las acusaciones realizadas, sino que la transacción que catalogan de sospechosa entre Ana García y la banca en realidad se trató de una aceptación por parte del banco de unas hipotecas que estaban a nombre de este. 

El titular de la CNBS afirmó que dado que no se recibió ningún reporte de anomalías por parte de los bancos, la operación en cuestión no puede ser considerada sospechosa. Según él, al tratarse simplemente de una aceptación por parte del banco de unas hipotecas a nombre de la ex primera dama, no hay razón para categorizar dicha transacción como irregular o cuestionable.

En conclusión, según lo informado por la CNBS, no hay evidencia alguna que sugiera una transacción sospechosa entre Ana García y algún banco. Las acusaciones al respecto carecen de fundamento según este ente regulador del sistema financiero nacional.

Futuro incierto

Es el Estado de Honduras, a través de la OABI, el que tiene la potestad de decidir el destino de la residencia en Tegucigalpa y las demás propiedades incautadas, así como determinar o no su arrendamiento. Por caso, la renta del bien que se ubica en la colonia San Ignacio de Tegucigalpa es abonada por la ex primera dama a la OABI.

Este caso pone de relieve el papel de la OABI en la gestión de bienes incautados a figuras públicas acusadas de actos ilícitos. La transparencia y el debido proceso son cruciales para garantizar el correcto manejo de estas propiedades, lo que es una acción más, entre las tantas, para fortalecer las instituciones públicas y promover el Estado de Derecho en Honduras.